Llega el verano, y muchos europeos (a uno y otro lado de los Pirineos) buscan refrescarse en piscinas. Sin embargo, estas instalaciones pueden traer bajo el brazo complicaciones con el fisco… por obra y gracia de las nuevas tecnologías.
El caso de Daniel y su piscina desmontable
Daniel, vecino de una región al norte de París, decidió aliviar el calor veraniego invirtiendo en una piscina desmontable. Su piscina, aunque no permanente, tampoco era pequeña: 10 metros de largo, 5 de ancho y 1,30 metros de profundidad, con capacidad para 54.368 litros de agua. Esta estructura la montó sobre una base de hormigón en su jardín, destinada a almacenar leña durante el invierno.
Consciente de que en Francia, al igual que en España, las nuevas construcciones deben registrarse para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Daniel eligió una piscina que, en teoría, no superaba los límites para considerarse un bien inmueble. Pese a sus precauciones, Daniel recibió una notificación del catastro francés, informándole que una detección automática había identificado su piscina no declarada.
Esta debía regularizarse, lo cual aumentaría su IBI. Aunque todo parecía indicar que su piscina cumplía con la normativa, su caso quedó en un limbo legal, dejando en manos de un organismo arbitral la decisión final. Pero casos como éste no son exclusivos de Francia.
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Francia dio hace dos años un paso significativo en la fiscalización de propiedades con el uso de tecnología de inteligencia artificial para detectar piscinas y otras estructuras no declaradas. Pero esta iniciativa no sólo ha generado un aumento considerable en la recaudación de impuestos… también ha generado debates sobre el derecho a la privacidad.
Nuestros vecinos franceses implementaron un sistema que combina imágenes aéreas proporcionadas por el Instituto Nacional de Información Geográfica y Forestal (IGN) con algoritmos de IA desarrollados en colaboración con Google y Capgemini. Este sistema permite identificar anomalías en las propiedades al comparar las imágenes aéreas con los datos declarados por los contribuyentes.
La tecnología de IA utilizada se basa en algoritmos de aprendizaje automático capaces de reconocer patrones, como la forma y el tamaño de las piscinas, en las imágenes aéreas. Estas detecciones son luego verificadas por humanos antes de realizar notificaciones a los propietarios.
Sin ir más lejos, el año pasado el uso de esta tecnología reveló 140.000 piscinas no declaradas, una cifra que representa un aumento de 700% en comparación con las 20.000 piscinas descubiertas en 2022. Este incremento ha resultado en una recaudación adicional de 40 millones de euros en impuestos sobre la propiedad.
Aunque las piscinas han sido el objetivo principal, la Hacienda francesa está ampliando su alcance para incluir otras estructuras no declaradas, como extensiones de viviendas y grandes cobertizos.
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¿Y en España?
En España, las normativas locales sobre piscinas desmontables son similares a las francesas. Aunque las piscinas desmontables de menos de 5 m³ están exentas del IBI, aquellas de mayor tamaño pueden encontrarse en una zona gris sujeta a interpretaciones locales. Es crucial consultar las regulaciones específicas del municipio para evitar sorpresas.
Desde 2013, el Catastro Inmobiliario español ha venido utilizando imágenes por satélite y drones para detectar nuevas construcciones y piscinas no declaradas. Estos métodos permiten identificar estructuras ocultas en patios y jardines, aunque no están exentos de errores, pudiendo confundir piscinas desmontables grandes con piscinas fijas. En 2020, se detectaron miles de piscinas no regularizadas sólo en Galicia y Madrid.
Al detectar una infraestructura no declarada, el Catastro notifica al propietario, quien tiene 15 días para regularizar la situación. Esto incluye proporcionar pruebas y presentar alegaciones para evitar que una piscina desmontable se considere fija, lo que podría incrementar el IBI entre un 5% y un 15%.
Otro ejemplo de monitorización tecnológica de piscinas en España
Hace 10 meses, la persistente sequía que afectó a Cataluña llevó a varios ayuntamientos a adoptar una medida tan innovadora como polémica para asegurar el cumplimiento de las restricciones de agua: recurrir al uso de drones para detectar y multar el llenado de piscinas.
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Este fue el caso, por ejemplo, del municipio de Calafell, en la comarca del Bajo Penedés, implementó un sistema de vigilancia aérea con drones para monitorizar aproximadamente 2.500 piscinas particulares, ante la alegada imposibilidad de recurrir a la mera vigilancia terrestre.
La medida buscaba controlar que no se infrinja la normativa que prohíbe el llenado de piscinas con agua dulce debido a la escasez de agua. Según el ayuntamiento, los drones solo operan durante el día y las imágenes captadas que incluyan a personas serán eliminadas para proteger la privacidad.
Son numerosos, sin embargo, los expertos en derecho que se pronunciaron en su momento contra esta clase de medidas, alegando que la normativa de protección de datos es aplicable cuando las imágenes captadas permiten la identificación de personas, y que, de hecho, cualquier prueba obtenida mediante drones podría ser considerada inadmisible en un tribunal si no se cuenta con una autorización judicial previa, a menos que se trate de un delito flagrante.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
Francia descubrió la piscina de un hombre por satélite por un simple motivo: pedirle impuestos. España hace lo mismo
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Marcos Merino
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