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El Gobierno de España ha tomado la decisión de disminuir los incentivos fiscales de 8 mil a 2 mil euros en los planes de pensiones privados, lo que afecta a más de 8 millones de ahorradores españoles.
La decisión de disminuir de 8.000 a 2.000 euros el importe máximo que se puede deducir en la renta por aportaciones de planes de pensiones privados ha sido una noticia que ha tenido una mala acogida.
La nueva subida del IRPF incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sólo afectará a una pequeña parte de los contribuyentes.
La partida pública de 2021, presentada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente Pablo Iglesias incluirá entre sus medidas un alza de dos puntos en el IRPF “a las rentas de trabajo de más de 300.000 euros anuales”, lo que en esencia se traducirá a los 16.740 sueldos más altos del país. La cifra, de esta forma, supone un 0,08% total de los declarantes en España.
No obstante, a pesar del bajo número de contribuyentes afectados, la retribución que recibirá el Gobierno será de más de 20,6 millones, según las últimas estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria.
Por otro lado, los nuevos PGE también contemplan un incremento a las rentas del capital superiores a los 200.000 euros. Con esto sobre la mesa, y sumando los dos aumentos paralelos, las nuevas subidas de los tipos marginales del IRPF afectarían a un máximo de 36.194 contribuyentes, lo que supone un 0,17% de la población. Según ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estos números se tratan en todo caso de estimaciones y el número real de afectados dependerá de las rentas generadas el próximo año.
Además, ninguno de estos cálculos incluye el aumento del IRPF por la supresión de deducciones por aportaciones a fondos de pensiones, la cual será —lo dicho, probablemente— la que mayor impacto tenga tanto en la recaudación general como en el número de afectados.
Ambas subidas son, por otro lado, inferiores a las que planteó el Ejecutivo de coalición tanto antes de la pandemia como durante las negociaciones de la investidura. Entonces, el acuerdo de sobre las cuentas conjuntas que sellaron PSOE y Unidas Podemos antes de la llegada del COVID-19 preveía una subida del IRPF de 2 puntos para las rentas del trabajo superiores a los 130.000 euros yde 4 puntos para las que estuvieran por encima de los 300.000. Finalmente solo se ha cumplido esta última, y la subida se ha rebajado a la mitad.
Asimismo, el acuerdo de coalición que ya aparecía en los acuerdos de la pasada legislatura contemplaba otra subida de 4 puntos para las rentas del capital que estuvieran por encima de los 140.000 euros, lo cual aliviaría el impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas. Todas estas alzas más marcadas, objeto de debate en las últimas semanas para los dos socios de Gobierno, habrían quedado finalmente descafeinadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Tampoco es algo que coja de sorpresa. Tanto Sánchez como la ministra Montero llevan meses dando a entender que la gran reforma fiscal prometida por el Ejecutivo a principios de año quedaría pospuesta hasta terminar con la crisis del coronavirus, que habría trastocado todas las previsiones económicas planteadas en el mes de enero.
Atendiendo a las últimas estimaciones del Gobierno, Montero advirtió a Bruselas que esperaba una caída del PIB del 11,2% y una subida del paro del 17%, una previsión más optimista que la de otros organismos y que va perdiendo consistencia a medida que aumentan los contagios en toda Europa.
*Artículo original publicado en Business Insider
Este año se presenta nefasto para la economía española. Con un cuadro económico que según el Gobierno proyecta una caída del PIB del 11,2 %, un desempleo del 17,1% y un déficit público del 11,3%.
Ya se da por perdido y toca poner los ojos próximo año. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el objetivo de conseguir aprobar sus Presupuestos, porque aún mantenemos los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular y, en los últimos 2 años, Sánchez ha sido incapaz de promover los acuerdos necesarios.
Ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición presentó el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado que quiere sacar adelante. Unas cuentas que tratan de vender con diferentes banderas: No a la austeridad y el mayor gasto público de la historia, con especial hincapié en el gasto social con ayuda de los fondos europeos.
El primer titular que se recoge de los Presupuestos de 2021 es que integran el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un significativo 6,2%. Este titular esconde unos matices en el momento de valorar la evolución del déficit público en el futuro.
Y es que a pesar de que el PIB de 2021 será inferior al de 2019 y, por lo tanto, existirá un deterioro importante de la recaudación, no hay política consolidada que verá decrecer su importe total frente al 2020, todas suben, parece la utopía de «lo público».
El principal tema en los Presupuestos siempre son las pensiones. En este caso, se pretende su revalorización de un 0,9 conforme al IPC real que permitirían a los pensionistas no perder poder adquisitivo mientras que las no contributivas se elevarían 1,8%. En términos de gasto social, significa una subida en la partida de pensiones del 3,2% hasta los 163.297 millones de euros.
La partida del desempleo también sube porque el próximo año partiremos de un desempleo por encima del 17%. Si en 2020 se han proyectado una movilización de 20.820 millones de euros, para el próximo año, los Presupuestos contemplarán llegar a los 25.012 millones, lo que supone un incremento del 20,1%.
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Los fondos europeos presupuestados ascienden a 26.634 millones de euros. De éstos, directamente a financiar el gasto social se utilizarían cerca de 8.900 millones.
Los fondos europeos no se dirigen a pensiones, otras prestaciones económicas o bien el desempleo, sino que van directas a financiar otras partidas del gasto social como los Servicios Sociales y Promoción Social (1.167 millones), Fomento del empleo (1.194 millones), Acceso a la Vivienda el Fomento de la Edificación (1.651 millones). Las otras grandes partidas sociales, Sanidad, Educación y Cultura, reciben 2.945 millones, 1803 millones y 200 millones respectivamente.
El resto de recursos europeos tienen como objetivo apoyar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persigue dotar de recursos para la transición ecológica, la digitalización de la economía, entre muchas otras cuestiones.
El plan de este Gobierno también persigue obtener más recursos. De hecho, se valora un incremento tributario del 13% en 2021. El problema está en los detalles y es que el año de referencia es 2020 en el que Hacienda estima actualmente que verá una contracción de ingresos del 5,6%. Viendo que las cifras de ingresos y gastos públicos se han alejado entre sí, el Gobierno quiere apuntar hacia subidas de impuestos.
Por un lado, en materia de IRPF, veríamos una subida de la base imponible general de 2 puntos para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Además, para las rentas del capital, se verá una subida de 3 puntos para importes superiores a los 200.000 euros. El gobierno esperaría recaudar 491,4 millones de euros adicionales,
En cuanto al Impuesto de sociedades se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida que afectará a 1.739 empresas, un 0,12%.
Por otra parte, el Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros.
Los planes de pensiones también se ven modificados. El límite conjunto de reducción entre el partícipe y la empresa subiría 8.000 a 10.000 euros para comentar el ahorro a largo plazo en el ámbito laboral, pero quedaría limitado en las aportaciones máximas a planes individuales con una reducción de 2.000 euros. No es una medida para 2021 sino para 2022 que se recaudaría 580 millones.
En último lugar, hay que hablar de impuestos indirectos. Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21%, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5 y, por primera vez en más de 20 años, se modificaría el impuesto sobre primas de seguros, el gravamen actual pasaría del 6% pasará a ser del 8%.
Con ese ataque frontal a los «ricos», limitando las excepciones a las grandes empresas y atacando al IRPF de los ricos, se recauda poco más de en nuevos impuestos 600 millones, el resto, para llegar a los 1.862, el ciudadano de a pie.
Según lo que relatan las cuentas presentadas, en 2021, las Administraciones Públicas sumarían un déficit del 7,7% del PIB. Debido a que la Administración Central asumiría su propio déficit más 1,7 puntos del déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las Comunidades Autónomas, la distribución quedaría de la siguiente manera:
No obstante, conviene empezar a hacer algunas matizaciones importantes. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido que revisar en numerosas ocasiones sus expectativas de crecimiento económico a la baja, para el 2021 proyectan un crecimiento del 9,8%.
Se trata de un escenario que podríamos calificar de excesivamente optimista. En primer lugar, se reducirían 3,6 puntos de déficit de un año a otro, un hecho del todo sorprendente. Además, teniendo en cuenta que en la última revisión del FMI publicada en octubre, se estima un crecimiento de la economía española es del 7,2%, por lo que existe una asombrosa diferencia 2,6 puntos de crecimiento entre ambas proyecciones.
Si las estimaciones del FMI son más acertadas que las realizadas por el propio Gobierno, el déficit público quedaría lejos de 7,7% que asegura el Gobierno, ya que la variable PIB sería más reducida. Por ahora el papel lo aguanta todo.
Además, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, citaba que estos Presupuestos suponen inaugurar una nueva época que deja atrás la etapa neoliberal de austeridad y los recortes. Dejando atrás la relación semántica que el vicepresidente emplea en estos conceptos ¿Cuál es la estrategia? ¿Negarse a la estabilidad presupuestaria y recurrir a un déficit continuado eternamente que siga inflando los niveles de deuda pública? ¿Qué el BCE nos financie a través de QE para poder refinanciar la deuda? ¿Y todo ello, sin que haya consecuencias?
En esta etapa de crisis, se apuesta por más recursos, es cierto. Pero también sucedió en 2009, que el total del gasto público de la Administración Central se incrementó en 35.000 millones, y en 2.000 millones para 2010. El problema es que cuando uno gasta lo que no tiene, hay que pedir prestado. Y si un emisor de deuda nunca cuadra las cuentas, tarde o temprano los inversores, ante la incertidumbre de los flujos, dan la espalda a esa deuda porque carece de garantías. Es en ese punto, si no se quiere ir al impago de la deuda, empiezan los mayores impuestos y los recortes del gasto público.
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La noticia
El Gobierno presenta unos Presupuestos anti-austeridad que preparan el terreno para más impuestos
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Marc Fortuño
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En el mes de mayo vimos como la variación anual del IPC del -0,9%, lo que se sitúa dos décimas por debajo del dato registrado en el mes de abril.
El gran catalizador de esta bajada es una variación del -8% en el transporte, debido a que los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal y, en menor medida, de los automóviles han descendido durante el mes, mientras que en mayo de 2019 se incrementaron.
Al hundimiento de los precios de la energía, se suma que la pandemia ejerce una presión a la baja sobre los precios porque el efecto de la menor demanda superará los aumentos de precios provocados por las interrupciones de la cadena de suministro.
Esto combinado con el debilitamiento de la actividad económica, con una caída del PIB proyectada en el 9,4%, que dificulta, aún más, a las empresas el paso de los salarios a los precios, y el deterioro de las perspectivas del mercado de trabajo que limita los futuros aumentos salariales, se traduce en una menor presión de los precios internos que se prevé que pesará sobre la inflación básica en el futuro.
En resumen, si la coyuntura se extiende durante el año nos veremos abocados a una caída de precios en la cesta compra y la entrada de deflación.
A partir de aquí viene la gran pregunta ¿recortará el gobierno las pensiones si se produce una caída del IPC?
Y es que tanto en la etapa del Gobierno del PSOE liderado por Sánchez como la actual formada por el gobierno de coalición con Unidas Podemos se ha caracterizado por la revalorización de las pensiones vía incremento del IPC, a pesar de carecer de Presupuestos aprobados por el Parlamento (aun seguimos con la prórroga de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy).
Recordemos que en el Gobierno del Partido Popular se reformó el sistema mediante el índice de revalorización anual en sustitución del IPC. Junto al factor de sostenibilidad (aplicable en 2023), se pretendía hacer que el sistema de la Seguridad Social fuera sostenible en el largo plazo y que no acarreará un déficit continuado del que ahora depende de la financiación de los Presupuestos Generales del Estado, tras consumir la hucha de las pensiones.
El índice de revalorización consideraba las variables que influyen en los ingresos los gastos del sistema de la Seguridad Social entre los diferentes parámetros para establecer el incremento de las pensiones contributivas. En conclusión, la revalorización nunca podía ser inferior al 0,25% ni tampoco superior a la variación interanual del IPC a cierre del año, más un 0,50%.
En la práctica esta reforma ha quedado muerta. La máxima de este Gobierno era preservar el poder adquisitivo de las pensiones, vía decreto, más allá de la nefasta estabilidad presupuestaria que presentan las cuentas de la Seguridad Social con una pérdida de algo más de 16.000 millones de euros, el 1,29% del PIB.
No es de extrañar que el año pasado no viéramos una reducción del déficit público, la Seguridad Social es, junto a la Administración Central, la principal responsable del déficit público. Se rompió así, la senda de reducción de déficit que habíamos visto durante los años anteriores. La prioridad no atendía a cuadrar las cuentas dentro de la Seguridad Social sino a preservar la capacidad de compra de las pensiones.
El Gobierno del PSOE rompe la senda de reducción del déficit
Si suponemos una coherencia de criterio, en el supuesto que al finalizar el año viéramos un IPC negativo, consecuentemente las pensiones deberían sufrir un recorte nominal para mantener la capacidad adquisitiva.
Además, hay un factor que sobrevuela silenciosamente y que a día de hoy aún no se tiene en cuenta, y es que España será beneficiada del dinero europeo si finalmente se lleva a terminó la propuesta europea del fondo de los 750.000 millones de euros, de los cuales, España acapararía alrededor de 140.000 millones.
Ese importe que percibiría España no es ajeno a condiciones. Tendríamos unos 60.000 en forma de deuda (se prevé una subida de la ratio deuda pública sobre PIB de 20 puntos porcentuales) y 80.000 millones en forma de transferencias que estarían condicionadas a la presentación de un programa de reformas económicas para especificar cómo se invertirán los fondos comunitarios y también, presumiblemente, cómo se reducirá el déficit.
Recordemos que en el acuerdo inicial franco-alemán que es la base de la propuesta europea se indicó específicamente que esas transferenciaa estaban «basadas en un compromiso claro de los Estados Miembros de seguir políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosa». Este punto es clave porque podría ser difícil de aceptar «tranferencias gratis» para algunos de los países frugales del norte del bloque de 27 países, como los Países Bajos, Finlandia y Austria.
Por ello, entre todas las reformas planteadas que debería ejecutar España, el asunto de las pensiones se examinará con lupa, sin descartar que se condicione ese monto de transferencias a la desvinculación del IPC y la vuelta al índice de revalorización para que las cuentas de la Seguridad Social puedan ver una reducción del déficit.
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La noticia
¿Se atreverá el gobierno a bajar las pensiones con un IPC negativo?
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Marc Fortuño
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Cualquier ciudadano que haya escuchado la comparecencia del Presidente Sánchez del primer paquete de medidas económicas propuestas para paliar la emergencia del coronavirus, tiene que estar llorando en cualquier esquina. Antes de entrar en materia de análisis, las normas que ha puesto encima de la mesa son las siguientes:
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