En 2012 el entonces Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, estableció la obligatoriedad de declarar todos los bienes que los españoles tuvieran en el extranjero siempre que superaran los 50.000 euros. Esto se hizo a través del ya famoso formulario 720. Las multas por no hacerlo eran bastante elevadas. El cambio de Gobierno que ha habido desde entonces no variaron la normativa.
Sin embargo la semana pasada el Tribunal de Justicia de la UE declaró esta obligación contraria al derecho de la UE, pues contraviene la libre circulación de capitales. El tribunal ha sido contundente diciendo que «el legislador español ha ido más allá de lo necesario para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales».