LaLiga vuelve a situarse en el centro del debate sobre los límites entre la protección del copyright, por un lado, y el de la libertad de navegación y la privacidad, por otro.
Y es que, en una carta firmada junto con otras 36 organizaciones del sector audiovisual y deportivo europeo, la patronal española del fútbol profesional ha pedido a la Comisión Europea la adopción de una batería de medidas legislativas de gran calado: bloqueos de IP a escala continental, eliminación exprés de emisiones no autorizadas, y la obligación de que las VPN y otros intermediarios tecnológicos identifiquen a sus usuarios de forma verificable.
Una ofensiva continental contra la emisión no autorizada de eventos deportivos
La iniciativa surge del descontento con los resultados de la ‘Recomendación sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo’ adoptada por la Comisión Europea en 2023. Aquella recomendación, de carácter no vinculante, pretendía coordinar esfuerzos entre plataformas, proveedores de red y titulares de derechos para combatir la retransmisión ilegal de eventos deportivos.
Sin embargo, ahora los firmantes del nuevo manifiesto aseguran que la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado: sólo el 3% de los contenidos no autorizados son retirados en menos de 30 minutos, mientras que el 81% de las emisiones de esa clase nunca llegan a ser interrumpidas.
Afirman que, sólo en 2024, las pérdidas derivadas de la piratería ascendieron a 2.200 millones de euros en Italia, 1.800 millones en Alemania y 1.500 millones en Francia. En España, LaLiga estima un impacto anual de 600 a 700 millones de euros sólo en los clubes de fútbol profesional.
Tres medidas clave: derribos en 30 minutos, bloqueos en tiempo real y control de identidad
La carta —dirigida a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, y a Glenn Micallef, comisario de Juventud, Cultura y Deporte— propone tres medidas legislativas de aplicación inmediata:
- Eliminación exprés de contenidos ilegales: Los proveedores de servicios de Internet, plataformas de streaming y redes de distribución de contenido (CDN) estarían obligados por ley a retirar las transmisiones infractoras en un máximo de 30 minutos desde su notificación. La industria considera que este margen es incluso «una exigencia de mínimos», pues la tecnología actual permitiría hacerlo mucho más rápido.
- Bloqueos dinámicos paneuropeos: LaLiga aboga por la creación de un sistema europeo similar al ‘Piracy Shield’ italiano, capaz de ejecutar bloqueos en tiempo real de dominios y direcciones IP asociadas a retransmisiones ilícitas. Este sistema implicaría que los operadores de telecomunicaciones en todos los Estados miembros impidieran automáticamente el acceso a los recursos bloqueados desde sus redes fijas y móviles. Es, en esencia, una expansión del modelo de bloqueo de IP que LaLiga ya aplica en España —y que ha sido criticado por afectar de manera masiva a sitios web legítimos—.
- Identificación obligatoria de usuarios: La medida más polémica, sin lugar a dudas. La propuesta contempla que servicios como las VPN, CDN, plataformas de alojamiento y tiendas de aplicaciones mantengan registros de identidad verificable de sus clientes, al estilo del sistema Know Your Customer usado en banca y criptomonedas. El objetivo sería «saber quién está detrás» de un mal uso de estas herramientas. En la práctica, esto implicaría que los servicios de VPN, tradicionalmente usados para preservar la privacidad online, deberían vincular cada conexión a una identidad real.
Denunciantes privilegiados
Los firmantes también reclaman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) se aplique «de forma integral», y que los coordinadores nacionales de los Estados miembros concedan a entidades privadas como las ligas y estudios audiovisuales el estatus de ‘denunciante de confianza’, lo que les permitiría el privilegio de ordenar directamente la retirada o bloqueo de contenidos, sin necesidad de pasar por los procedimientos judiciales convencionales.
De materializarse, esto supondría extender a todo el continente la actual situación que sufre España: una delegación parcial de funciones de censura o supervisión digital en manos privadas, lo que ha despertado críticas entre defensores de los derechos digitales y organizaciones por la neutralidad de la red.
¿Seguridad jurídica o prohibición de la privacidad digital?
Los críticos advierten que el modelo propuesto se asemeja a un sistema de vigilancia preventiva en Internet. Obligar a los proveedores de VPN a identificar a sus usuarios atentaría contra la esencia de estas herramientas, diseñadas para garantizar la privacidad y la libertad de conexión. Por otro lado, las empresas del sector defienden que la medida es proporcional ante el auge del streaming ilegal y que el anonimato «no puede ser un escudo para el delito».
El pulso que plantea LaLiga y sus aliados va más allá del fútbol o del entretenimiento. Se trata de un test crucial sobre qué modelo de Internet quiere Europa: uno centrado en la protección estricta de los derechos de autor, incluso a costa de la privacidad, o uno que preserve el anonimato y la neutralidad, aunque eso complique la persecución de los infractores.
La Comisión Europea deberá decidir si da el paso hacia una legislación vinculante que institucionalice el bloqueo de IPs y la identificación de usuarios en toda la Unión. De hacerlo, marcaría un precedente con implicaciones profundas para las libertades digitales, la soberanía tecnológica y la propia arquitectura de la red europea.
Vía | LaLiga
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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La noticia
El fútbol europeo pide exportar los bloqueos de Internet de LaLiga a toda la UE, y que las VPN tengan que vigilar a sus usuarios
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por
Marcos Merino
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