La semana pasada el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una batería de medidas para hacer frente al escenario de elevada inflación. Entre ellas, quiere atacar a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas mediante un impuesto específico a las energéticas con una duración de dos años.
Específicamente, de las ganancias extraordinarias de las grandes empresas de energía, petróleo y gas se pretende recaudar 2.000 millones de euros al año en 2023 y 2024. El Gobierno quiere enfocarse especialmente en las empresas con facturación de más de 1.000 millones de euros y en un impuesto nuevo que no suponga una modificación del Impuesto sobre Sociedades.