El control de los precios del alquiler en Cataluña es un tema que ha estado en el centro de la política y la discusión pública en la región en los últimos años. Un debate que se ha trasladado que también surge a escala nacional y en marzo se votará en el Congreso el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
Si nos ponemos en contexto en Cataluña, la creciente demanda de vivienda y la escasez de oferta han llevado a un aumento significativo de los precios del alquiler, lo que ha provocado una presión sobre muchos inquilinos, especialmente a la población más vulnerable, como los jóvenes y las personas de bajos ingresos.
Para abordar esta problemática, el gobierno catalán adoptó medidas para regular y controlar los precios del alquiler. En septiembre de 2020 se implementó una nueva ley de medidas urgentes para controlar los precios de alquiler de viviendas. Esta ley aplica a los nuevos contratos en áreas con mercado de vivienda tensa, definido como municipios con más de 20,000 habitantes que han experimentado un aumento en el alquiler o los hogares gastan más del 30% de sus ingresos en alquileres.
La ley limita el aumento de los precios de alquiler entre contratos y está en línea con la regulación en Berlín. Hay excepciones para unidades renovadas y para aquellas donde los ingresos del arrendador y del inquilino están por debajo o por encima de ciertos niveles, así como para unidades con más de 150 metros cuadrados. A pesar de un recurso de inconstitucionalidad presentado al Tribunal Constitucional, la norma fue resuelta de forma favorable en abril de 2022.
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