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Habemos reforma. Un día antes de Nochebuena, Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaron el primer acuerdo laboral de la democracia, un logro que hay que reconocer a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cual lleva con este tema entre manos muchos meses.

Era una de las grandes promesas del Gobierno de coalición: derogar la reforma laboral del PP y presentar un nuevo marco regulatorio para las relaciones entre empresa y trabajadores. Si bien, a tenor de los resultados, más parece que el Ejecutivo ha derogado la reforma del PP…para aprobar otra que bien podría también haber sacado adelante el PP.

¿Hay cambios sustanciales? ¿Realmente se va a poder poner coto a la temporalidad -uno de los grandes objetivos, por no decir el principal-, con estas medidas?

Que todo cambie…para que nada cambie

La temporalidad, el aspecto estrella de la nueva reforma. Lo que pretende el Gobierno, y es lo deseable, es que haya una temporalidad tan alta en España (del 26%, según la última EPA, de las más altas de Europa), algo que hace que nuestro país siempre tenga ese lastre de unos 3 millones de parados aunque el ciclo económico sea favorable.

Para ello, este acuerdo ha establecido dos tipos de contratos temporales: los estructurales y los formativos. Como su nombre indica, el primer tipo se usaría para cuando se den las circunstancias empresariales o de producción que así lo avalen, como campañas de Navidad, vacaciones, agrícolas… El tiempo máximo de estos será de 6 meses ampliables a 12 si el convenio lo permite.

Los de formación serán solo válidos para menores de 30 años que hayan finalizado sus estudios en un periodo máximo de 3 años. El objetivo es que se apueste por el contrato fijo-discontinuo, para que la vinculación pueda ser indefinida pero con fluctuaciones.

Pero claro, si tenemos en cuenta que la mayoría de sectores productivos en España están sujetos a la temporalidad y a campañas muy cortas algunos -agrícolas, comercio, turismo…- ¿cómo va a conseguir el Gobierno que se firmen contratos fijos?

Una de las cosas que desde aquí ya comentamos es que sería muy interesante hacer más barato el despido indefinido y que el temporal fuera el más caro, al revés que ahora, lo que incentivaría más la contratación fija. Pero eso finalmente no se ha tacado. Es decir, más de lo mismo.

Otro aspecto que sorprende de esta reforma es el de los convenios que rigen en las empresas. Hasta ahora primaban los de empresa frente a los sectoriales. A partir de ahora…será igual, solo será predominante en del sector para fijar el salario base y los complementos. El resto seguirá siendo cosa de la empresa en lo que respecta a horarios, horas extra, vacaciones, etc.

Una novedad frente a la reforma del PP es que se va a primar la figura del ERTE -a partir de ahora llamado mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo – para que no se recurra a despidos masivos en ciclos desfavorables para las empresas o para un sector. Esto ha funcionado bien durante la pandemia y es algo que conviene mantener.

Pero ¿qué opinan los expertos del acuerdo conseguido? ¿Va a ser realmente efectivo para mejorar nuestro mercado laboral?

Para Manuel Hidalgo, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la valoración sería «mixta: hay elementos positivos y otros que son peores que los que tenemos actualmente«. Hidalgo señala que se han disipado posibles amenazas de una reforma laboral «totalmente reaccionaria en comparación con la de 2012, y se han mejorado algunas cuestiones».

Lo positivo estaría, para este experto, en la lucha contra la temporalidad «con la simplificación de las razones para contratar temporal». También ve positivo el sistema RED, pero «me preocupa mucho la cuestión burocrática de su definición, ¿quién lo decide? Además, habría que ver lo rápido que es…pero en general es una buena noticia».

En la parte negativa sería la vuelta a la ultraactividad, «que ya demostró en 2008 ser el mayor problema a la hora de realizar ajustes ante la crisis de las empresas y se tradujo en un aumento del desempleo».

Por lo tanto, tendremos que ver cómo acaba todo, cómo se detalla y, sobre todo, cómo se pone en marcha, para poder valorar si la reforma laboral es eficaz o solo un lavado de cara.

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La noticia

El Gobierno presenta una reforma laboral que podría haber firmado el PP

fue publicada originalmente en

El Blog Salmón

por
Verónica Lechuga

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Este año se presenta nefasto para la economía española. Con un cuadro económico que según el Gobierno proyecta una caída del PIB del 11,2 %, un desempleo del 17,1% y un déficit público del 11,3%.

Ya se da por perdido y toca poner los ojos próximo año. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el objetivo de conseguir aprobar sus Presupuestos, porque aún mantenemos los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular y, en los últimos 2 años, Sánchez ha sido incapaz de promover los acuerdos necesarios.

Ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición presentó el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado que quiere sacar adelante. Unas cuentas que tratan de vender con diferentes banderas: No a la austeridad y el mayor gasto público de la historia, con especial hincapié en el gasto social con ayuda de los fondos europeos.

El mayor gasto social jamás visto

El primer titular que se recoge de los Presupuestos de 2021 es que integran el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un significativo 6,2%. Este titular esconde unos matices en el momento de valorar la evolución del déficit público en el futuro.

Y es que a pesar de que el PIB de 2021 será inferior al de 2019 y, por lo tanto, existirá un deterioro importante de la recaudación, no hay política consolidada que verá decrecer su importe total frente al 2020, todas suben, parece la utopía de «lo público».

El principal tema en los Presupuestos siempre son las pensiones. En este caso, se pretende su revalorización de un 0,9 conforme al IPC real que permitirían a los pensionistas no perder poder adquisitivo mientras que las no contributivas se elevarían 1,8%. En términos de gasto social, significa una subida en la partida de pensiones del 3,2% hasta los 163.297 millones de euros.

La partida del desempleo también sube porque el próximo año partiremos de un desempleo por encima del 17%. Si en 2020 se han proyectado una movilización de 20.820 millones de euros, para el próximo año, los Presupuestos contemplarán llegar a los 25.012 millones, lo que supone un incremento del 20,1%.

Los fondos europeos presupuestados ascienden a 26.634 millones de euros. De éstos, directamente a financiar el gasto social se utilizarían cerca de 8.900 millones.

Los fondos europeos no se dirigen a pensiones, otras prestaciones económicas o bien el desempleo, sino que van directas a financiar otras partidas del gasto social como los Servicios Sociales y Promoción Social (1.167 millones), Fomento del empleo (1.194 millones), Acceso a la Vivienda el Fomento de la Edificación (1.651 millones). Las otras grandes partidas sociales, Sanidad, Educación y Cultura, reciben 2.945 millones, 1803 millones y 200 millones respectivamente.

El resto de recursos europeos tienen como objetivo apoyar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persigue dotar de recursos para la transición ecológica, la digitalización de la economía, entre muchas otras cuestiones.

Impuestos, más impuestos pero no los suficientes

El plan de este Gobierno también persigue obtener más recursos. De hecho, se valora un incremento tributario del 13% en 2021. El problema está en los detalles y es que el año de referencia es 2020 en el que Hacienda estima actualmente que verá una contracción de ingresos del 5,6%. Viendo que las cifras de ingresos y gastos públicos se han alejado entre sí, el Gobierno quiere apuntar hacia subidas de impuestos.

Por un lado, en materia de IRPF, veríamos una subida de la base imponible general de 2 puntos para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Además, para las rentas del capital, se verá una subida de 3 puntos para importes superiores a los 200.000 euros. El gobierno esperaría recaudar 491,4 millones de euros adicionales,

En cuanto al Impuesto de sociedades se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida que afectará a 1.739 empresas, un 0,12%.

Por otra parte, el Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros.

Los planes de pensiones también se ven modificados. El límite conjunto de reducción entre el partícipe y la empresa subiría 8.000 a 10.000 euros para comentar el ahorro a largo plazo en el ámbito laboral, pero quedaría limitado en las aportaciones máximas a planes individuales con una reducción de 2.000 euros. No es una medida para 2021 sino para 2022 que se recaudaría 580 millones.

En último lugar, hay que hablar de impuestos indirectos. Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21%, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5 y, por primera vez en más de 20 años, se modificaría el impuesto sobre primas de seguros, el gravamen actual pasaría del 6% pasará a ser del 8%.

Con ese ataque frontal a los «ricos», limitando las excepciones a las grandes empresas y atacando al IRPF de los ricos, se recauda poco más de en nuevos impuestos 600 millones, el resto, para llegar a los 1.862, el ciudadano de a pie.

¿Cómo quedaría el déficit público? ¿Es el fin de la época neoliberal?

Según lo que relatan las cuentas presentadas, en 2021, las Administraciones Públicas sumarían un déficit del 7,7% del PIB. Debido a que la Administración Central asumiría su propio déficit más 1,7 puntos del déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las Comunidades Autónomas, la distribución quedaría de la siguiente manera:

• Administración Central: -5,2%
• Comunidades Autónomas: -1,1%
• Corporaciones Locales: -0,1%.
• Seguridad Social: -1,3%

No obstante, conviene empezar a hacer algunas matizaciones importantes. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido que revisar en numerosas ocasiones sus expectativas de crecimiento económico a la baja, para el 2021 proyectan un crecimiento del 9,8%.

Se trata de un escenario que podríamos calificar de excesivamente optimista. En primer lugar, se reducirían 3,6 puntos de déficit de un año a otro, un hecho del todo sorprendente. Además, teniendo en cuenta que en la última revisión del FMI publicada en octubre, se estima un crecimiento de la economía española es del 7,2%, por lo que existe una asombrosa diferencia 2,6 puntos de crecimiento entre ambas proyecciones.

Si las estimaciones del FMI son más acertadas que las realizadas por el propio Gobierno, el déficit público quedaría lejos de 7,7% que asegura el Gobierno, ya que la variable PIB sería más reducida. Por ahora el papel lo aguanta todo.

Además, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, citaba que estos Presupuestos suponen inaugurar una nueva época que deja atrás la etapa neoliberal de austeridad y los recortes. Dejando atrás la relación semántica que el vicepresidente emplea en estos conceptos ¿Cuál es la estrategia? ¿Negarse a la estabilidad presupuestaria y recurrir a un déficit continuado eternamente que siga inflando los niveles de deuda pública? ¿Qué el BCE nos financie a través de QE para poder refinanciar la deuda? ¿Y todo ello, sin que haya consecuencias?

En esta etapa de crisis, se apuesta por más recursos, es cierto. Pero también sucedió en 2009, que el total del gasto público de la Administración Central se incrementó en 35.000 millones, y en 2.000 millones para 2010. El problema es que cuando uno gasta lo que no tiene, hay que pedir prestado. Y si un emisor de deuda nunca cuadra las cuentas, tarde o temprano los inversores, ante la incertidumbre de los flujos, dan la espalda a esa deuda porque carece de garantías. Es en ese punto, si no se quiere ir al impago de la deuda, empiezan los mayores impuestos y los recortes del gasto público.

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La noticia

El Gobierno presenta unos Presupuestos anti-austeridad que preparan el terreno para más impuestos

fue publicada originalmente en

El Blog Salmón

por
Marc Fortuño

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